Noticia de CincoDías
El director adjunto de la Asociación de Mutuas asegura que están para proteger a los trabajadores y que desde enero atienden la prestación de casi 3 millones de autónomos
Desde el 1 de enero los autónomos están obligados a cotizar por paro o por un accidente laboral. El director adjunto de la Asociación de Mutuas de accidentes de trabajo (AMAT), Mikel Escarza, ha asegurado en Madrid Trabaja (Onda Madrid) que tras estos cambios legislativos se ha intensificado la atención que reciben los autónomos por parte de las mutuas. Antes de ese cambio normativo solo protegían enfermedades comunes a todos los autónomos, mientras que de las otras prestaciones lo hacían solo para quién lo solicitaba.
Según el director adjunto de AMAT, las mutuas “siempre han salvaguardado intereses de las prestaciones en las que colaboran con la Seguridad Social”. De ahí que cuando un autónomo les haya solicitado una prestación, hayan cumplido con la normativa si el profesional cumplía con los requisitos solicitados.
“Estamos para proteger a los trabajadores, es un trámite más de la Seguridad Social”, asegura Escarza, que detalla que son 19 las mutuas que colaboran en la gestión de las prestaciones con la Seguridad Social.
Incapacidad temporal
Además de eso, las mutuas se harán cargo a partir del día 61 de las cotizaciones de los autónomos que estén incapacitados de manera temporal. De esa forma, las cuotas serán retraídas del recibo del autónomo por la propia tesorería de la Seguridad Social.
A la hora de elegir mutua, el autónomo tendrá que tener en cuenta dónde reside, dónde realiza su actividad, la proximidad de la mutua es un factor que debe valorar el profesional.
Más carga de trabajo para las mutuas
En un comunicado reciente realizado por la Federación de UGT en Castilla La Mancha, se alertaba del aumento de carga de trabajo para los profesionales de las mutuas. Con motivo de la cobertura obligatoria para los autónomos, las mutuas absorben también el análisis y cobertura de las enfermedades o accidentes profesionales, y del cese de actividad. La Federación denuncia que esta carga extra recae sobre los mismos trabajadores y recursos que cuando dicha sobrecarga no existía.